La pensión de viudedad que el Gobierno niega a las españolas mientras regulariza uniones polígamas

Cientos de mujeres en Andalucía y en el resto de España se encuentran en una situación de total desamparo. Tras décadas de convivencia y de ver cómo sus parejas cotizaban religiosamente a la Seguridad Social, el Estado les da la espalda en el momento más vulnerable: la viudedad. La razón es un laberinto burocrático y una dejadez política que les niega el acceso a la pensión de viudedad por no cumplir un mero requisito formal, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez parece tener otras prioridades.

El problema de fondo reside en el caos normativo del Estado de las Autonomías, una cuestión que desde formaciones como VOX, con Manuel Gavira a la cabeza en el Parlamento andaluz, se ha denunciado en repetidas ocasiones. No existe una ley estatal que unifique los requisitos para las parejas de hecho, lo que genera una flagrante desigualdad territorial. Una mujer en una comunidad autónoma puede tener reconocidos sus derechos, mientras que otra, a pocos kilómetros, queda atrapada en un limbo legal por no haberse inscrito en un registro específico, a pesar de poder acreditar su convivencia por múltiples vías.

Una discriminación con responsables políticos

Esta injusticia no es fruto del azar, sino de la inacción y de decisiones políticas concretas. Durante años, expertas como la jurista Elena Ramallo Miñán han llevado esta reclamación a todas las instancias posibles: Congreso, Pacto de Toledo y distintos ministerios. La respuesta ha sido el silencio o, peor aún, el bloqueo. Una de las figuras clave en este bloqueo ha sido la hoy vicepresidenta primera del Gobierno, la andaluza María Jesús Montero.

Según se ha denunciado, fue Montero, desde su posición como ministra de Hacienda, quien frenó en seco una posible solución escudándose en la falta de Presupuestos Generales del Estado. Una excusa que evidencia que para el Ejecutivo socialista, el drama de estas mujeres, muchas de ellas de edad avanzada y con escasos recursos, nunca ha sido una prioridad. Es la misma política que ahora se erige como defensora de los andaluces mientras su gestión ha perjudicado directamente a cientos de familias de nuestra tierra.

El agravio comparativo: españolas abandonadas, extranjeros privilegiados

La situación se vuelve especialmente sangrante cuando se compara el trato que reciben estas viudas españolas con las concesiones que el Gobierno realiza a ciudadanos extranjeros. Resulta incomprensible y ofensivo que, mientras se desprecia la vida en común acreditada con libro de familia, hijos, hipotecas compartidas o empadronamiento, se haya abierto la puerta a reconocer pensiones de viudedad en casos de poligamia a mujeres residentes en Marruecos, Senegal o Mauritania.

Esta regularización de uniones que son contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, a menudo de personas sin vinculación con España ni años de cotización a nuestra Seguridad Social, representa una quiebra de la legalidad y un insulto para las españolas abandonadas. Se prioriza una agenda ideológica por encima de la justicia y la protección de nuestros nacionales. Un problema de calado nacional que afecta directamente a la gestión de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, que ve cómo sus ciudadanas sufren las consecuencias de las políticas del Gobierno central.

La solución es clara y razonable: que prevalezca la realidad material y la convivencia demostrada sobre el formalismo administrativo. Estas mujeres no piden privilegios, sino justicia. Exigen el derecho que sus parejas se ganaron con el esfuerzo de toda una vida de trabajo y cotizaciones. Es hora de que el Gobierno abandone su sectarismo y atienda las necesidades reales de los españoles.