La Junta de Andalucía destina 120 euros por hectárea para salvar al sector arrocero de la competencia desleal

La Junta de Andalucía ha aprobado una ayuda extraordinaria de 120 euros por hectárea para los productores de arroz, una medida de urgencia que busca paliar la grave crisis de rentabilidad que atraviesa el sector. Esta iniciativa, si bien es un balón de oxígeno para miles de familias, pone de manifiesto una vez más la situación de desamparo que sufre el campo andaluz ante las políticas de la Unión Europea y la pasividad del Gobierno central.

El sector arrocero, concentrado principalmente en las marismas del Guadalquivir, se enfrenta a una tormenta perfecta. Por un lado, los costes de producción se han disparado de forma insostenible. Por otro, el mercado se ve inundado por importaciones masivas de terceros países, como Camboya o Myanmar, que no están obligados a cumplir con las estrictas y costosas normativas fitosanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a nuestros agricultores. Esta competencia desleal, amparada por los acuerdos comerciales de la UE, está provocando un desplome de los precios y llevando a las explotaciones a una situación límite, hasta el punto de tener aún sin vender parte de la cosecha de la campaña anterior.

Una ayuda necesaria pero insuficiente

Las organizaciones agrarias como Asaja Sevilla y la Federación de Arroceros han valorado positivamente la rápida respuesta del gobierno andaluz, pero advierten de que esta ayuda, aunque vital, no soluciona los problemas de fondo. Consideran que es un parche necesario para aliviar la asfixia financiera de los productores, pero insisten en la necesidad de adoptar medidas estructurales contundentes.

La defensa del campo andaluz no puede limitarse a ayudas puntuales. Es imprescindible que desde Madrid y Bruselas se tomen medidas firmes y valientes. Esto implica, en primer lugar, exigir la reciprocidad en los acuerdos comerciales. No es tolerable que mientras a nuestros agricultores se les somete a una burocracia verde cada vez más asfixiante, se abran las fronteras sin control a productos de países que no respetan nuestros estándares. Esta política hipócrita está arruinando a nuestro sector primario.

Exigencia de un cambio de rumbo

Es fundamental reforzar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los precios cubran los costes de producción, algo que sistemáticamente se incumple ante la presión de las grandes distribuidoras y la competencia exterior. Asimismo, se deben activar de una vez por todas los mecanismos de salvaguarda previstos en los tratados europeos para frenar la importación masiva que está hundiendo el mercado.

La iniciativa de la Junta de Andalucía es un claro ejemplo de compromiso con nuestro sector primario, un pilar estratégico para la economía, la cohesión social y la soberanía alimentaria de nuestra región. Sin embargo, la batalla real debe librarse en los despachos de Madrid y Bruselas. Es hora de que el Gobierno de España defienda con uñas y dientes los intereses de nuestros agricultores y ponga fin a unas políticas comunitarias que, bajo una falsa bandera ecologista, están entregando nuestro campo a la competencia desleal de terceros países.