La Junta de Andalucía se planta: tolerancia cero y multas de hasta 60.000 euros contra las agresiones a sanitarios

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado una medida de calado para proteger a quienes nos cuidan: la tramitación inminente de un Decreto ley que establecerá un régimen de tolerancia cero frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario público. Ante la creciente inseguridad y los ataques que sufre el personal de la sanidad andaluza, el ejecutivo regional da un paso al frente con una normativa que prevé sanciones de hasta 60.000 euros para los agresores.

Esta decisión, comunicada por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, responde a lo que ha calificado como una «absoluta prioridad» y un «compromiso» ineludible del Gobierno andaluz. Se espera que la norma sea tramitada antes de que finalice 2026, dada la urgencia de la situación. Esta celeridad contrasta notablemente con la parálisis del Gobierno central, más ocupado en sus pactos ideológicos que en garantizar la seguridad de los trabajadores en servicios esenciales.

Un marco legal para restaurar el orden y la autoridad

El nuevo decreto no dejará lugar a la impunidad. El borrador, presentado a los miembros del Observatorio de Agresiones contra los profesionales sanitarios, articula una respuesta contundente y disuasoria. Las sanciones no se limitarán a la violencia física; el texto contempla un abanico completo de conductas inaceptables que perturban el buen funcionamiento de nuestros centros de salud y hospitales.

Con esta nueva ley, se castigará de forma específica:

• La agresión verbal: insultos, vejaciones o cualquier trato humillante hacia el personal sanitario.
• Amenazas y coacciones: actos que busquen intimidar a los profesionales en el desempeño de sus funciones.
• Agresión física: cualquier contacto físico violento, que será tratado con la máxima dureza.
• Acoso en redes sociales: las agresiones vertidas a través de medios digitales también serán perseguidas y sancionadas.

Cifras que exigen una respuesta firme

La necesidad de este decreto se sustenta en cifras alarmantes. Solo durante el año 2025, se registraron en Andalucía un total de 1.976 agresiones a profesionales de la sanidad, de las cuales el 80% fueron de carácter verbal. «Una agresión contra los profesionales sanitarios no constituye únicamente un problema de seguridad ciudadana, sino que es también un riesgo laboral», subrayan desde la Junta de Andalucía. Es una evidencia de que la autoridad y el respeto, pilares fundamentales de cualquier sociedad civilizada, se han visto erosionados.

Mientras otras administraciones miran hacia otro lado, el Gobierno andaluz toma la iniciativa para blindar a sus médicos, enfermeros, celadores y todo el personal que conforma el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata de una declaración de intenciones: en Andalucía, la protección de los servidores públicos es una línea roja que no se va a traspasar.

La tramitación de este decreto ley será la primera iniciativa parlamentaria impulsada desde la nueva Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, lo que demuestra la importancia estratégica que se le otorga a esta cuestión. Es un mensaje claro a la sociedad: la sanidad andaluza se respeta, y quien no lo haga, tendrá que hacer frente a las consecuencias.