PRISA y su relación con el Gobierno 2025
En el último año, la relación entre el Grupo PRISA (editor de El País, Cadena SER, etc.) y el Gobierno español se ha visto sacudida por la controversia en torno a un nuevo canal de televisión impulsado desde el Ejecutivo y la respuesta de PRISA para defender su independencia editorial.
Proyecto de televisión impulsado desde Moncloa
El origen del conflicto estuvo en un plan para lanzar un nuevo canal de televisión digital terrestre (TDT). Este proyecto fue impulsado por Carlos Núñez, presidente de PRISA Media, junto al productor José Miguel Contreras, y contó con respaldo en ámbitos gubernamentales. Desde Moncloa se veía con buenos ojos la entrada de PRISA en televisión para sumar un medio alineado con el Gobierno. Sin embargo, el Consejo de Administración de PRISA mostró reservas. Oughourlian advirtió del riesgo de embarcarse en “un proyecto del siglo pasado” que podía comprometer la delicada situación financiera de la empresa (deuda de 750 millones de euros). El Consejo juzgó inviable volver al negocio televisivo dada la elevada deuda de PRISA, la escasa financiación disponible (20 M€) y los altos costes fijos que conllevaría un canal en abierto.
En febrero de 2025 el Consejo de PRISA comunicó que no concurriría a la nueva licencia de televisión promovida por el Gobierno. La empresa explicó que centraría todos sus esfuerzos en sus medios actuales (prensa y radio), respaldados por sus audiencias, descartando volver a la televisión. Esta decisión frustró los planes del Ejecutivo, que consideraba necesario un canal ideológicamente afín en el panorama mediático nacional.
Cambios en la cúpula y reacciones internas
La negativa a la aventura televisiva tuvo consecuencias inmediatas: Carlos Núñez dimitió al día siguiente, y José Miguel Contreras (director de Contenidos) también dejó la compañía. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración emprendió una reestructuración para simplificar la gestión, reduciendo sus consejeros de 15 a 11.
Con Oughourlian a la cabeza, se priorizó sanear las finanzas del grupo. Aunque la empresa tuvo pérdidas en 2024, las redujo drásticamente y continuó disminuyendo su deuda, gracias en parte al auge de las suscripciones digitales de El País y a mayores ingresos publicitarios en radio.
Presiones políticas sobre el accionariado y postura del Gobierno
Paralelamente, surgieron informaciones sobre posibles maniobras políticas para influir en la propiedad de PRISA. En marzo de 2025, el semanario francés Le Point reveló que Óscar López se reunió en París con directivos de Vivendi (accionista de PRISA), presuntamente con el conocimiento de Pedro Sánchez. Según estas fuentes, en ese encuentro se instó a Vivendi a vender su participación en PRISA a empresarios afines al PSOE, bajo la amenaza de retirar un contrato publicitario de Telefónica (80 millones € anuales) si no aceptaba la operación. El objetivo de esta supuesta maniobra habría sido desplazar a Oughourlian de la presidencia de PRISA y colocar una cúpula afín al Gobierno.
El Ejecutivo desmintió estas acusaciones. Óscar López negó haberse reunido con ese fin y aseguró que el Gobierno “no se mete en la política interna de un grupo privado ni entra en el accionariado”.
Refuerzo de la independencia editorial
La cúpula de PRISA ha enfatizado la “defensa cerrada del periodismo de calidad, pese a las presiones de todo tipo”, comprometiéndose a respetar los principios fundacionales de El País y a salvaguardar la independencia de sus profesionales.
