El socialismo niega la pensión de viudedad a las españolas mientras la aprueba para la poligamia extranjera

Cientos de mujeres españolas se encuentran en un auténtico limbo legal, abandonadas por la Administración a la que sus parejas cotizaron durante décadas. Tras una vida de convivencia, con hijos, hipotecas y un proyecto en común, el Estado les niega el derecho a una pensión de viudedad por un mero formalismo: no haber inscrito su unión como pareja de hecho en un registro. Una situación dramática que destapa el caos normativo autonómico y, sobre todo, la inacción y el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez.

El problema de fondo reside en la ausencia de una ley estatal que unifique los criterios para las parejas de hecho. Esta carencia ha provocado un mosaico de 17 legislaciones distintas, generando una flagrante desigualdad territorial que vulnera el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Así, una mujer en Andalucía puede ver sus derechos desprotegidos por requisitos que no se exigen en otra comunidad, a pesar de poder acreditar fehacientemente décadas de convivencia estable.

Juristas expertas como la doctora en Derecho Elena Ramallo Miñán llevan años denunciando esta injusticia. Proponen una solución de sentido común: que la realidad material prevalezca sobre el formalismo administrativo. Es decir, que pruebas irrefutables como el libro de familia, el empadronamiento conjunto, las hipotecas compartidas o la existencia de hijos en común sean suficientes para acreditar la unión y, por tanto, el derecho a la pensión. Sin embargo, el Gobierno socialista ha hecho oídos sordos a esta reclamación lógica y justa.

Un agravio comparativo inaceptable

La situación se vuelve especialmente sangrante cuando se compara con otras decisiones del Ejecutivo. Mientras se desprecian las pruebas de toda una vida de convivencia de mujeres españolas, el mismo Gobierno ha impulsado el reconocimiento de pensiones de viudedad en casos de poligamia. Se han aprobado prestaciones para mujeres residentes en Marruecos, Senegal o Mauritania, vinculadas a un hombre que pudo tener relación con España, pero sin que ellas hayan cotizado a la Seguridad Social ni tengan un vínculo directo con nuestro país.

Esta política no solo representa un agravio comparativo, sino una quiebra de nuestro ordenamiento jurídico, que no reconoce la poligamia. Se está creando una discriminación inaceptable: las españolas que han contribuido al sistema son tratadas como ciudadanas de segunda, mientras se otorgan derechos a extranjeros en situaciones que contravienen nuestra propia legalidad.

La responsabilidad directa de María Jesús Montero

Detrás de este bloqueo a una solución para las viudas españolas hay una clara responsabilidad política. Según denuncian las afectadas y expertas que han llevado el caso a todas las instancias institucionales, desde el Pacto de Toledo hasta diversos ministerios, la decisión final recayó en el Ministerio de Hacienda. Fue su entonces titular, la socialista andaluza María Jesús Montero, quien bloqueó de facto cualquier avance escudándose en la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Esta excusa evidencia que la discriminación y la vulneración de derechos de estas mujeres fue una decisión puramente política del Gobierno socialista. Las viudas de parejas de hecho, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, de edad avanzada y con escasos recursos, no piden privilegios. Exigen justicia y el reconocimiento de un derecho social fundamental que se les arrebata por un requisito administrativo, fruto del caos autonómico que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de resolver. Un abandono que tiene responsables directos en el socialismo.