El nuevo Gobierno andaluz endurecerá el régimen en los centros de menores

Juanma Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía el pasado 2 de julio de 2026, en una segunda votación que prosperó por mayoría simple en el Parlamento andaluz. El Partido Popular, con 53 escaños, se quedó a dos diputados de alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 55. La investidura fue posible gracias al apoyo de los 15 parlamentarios de VOX, conformando un bloque de gobierno que suma 68 escaños.

Este acuerdo de legislatura marca un hito en la política autonómica, ya que supone la primera vez que VOX forma parte del Ejecutivo en Andalucía. Como resultado del pacto, el líder de la formación, Manuel Gavira, asume una vicepresidencia y la titularidad de una consejería de amplio espectro que engloba las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Con este movimiento, Andalucía se convierte en la cuarta comunidad autónoma que cuenta con un gobierno de coalición entre el Partido Popular y VOX, siguiendo la senda de Extremadura, Castilla y León y Aragón.

El programa de gobierno conjunto se ha plasmado en un documento de 60 páginas que contiene un total de 150 medidas. Uno de los ejes sobre los que pivotó la negociación y que figura como pilar del acuerdo es el principio de prioridad nacional, que guiará diversas políticas durante los próximos años.

Nuevas directrices en la gestión de menores

Dentro del marco del acuerdo de gobierno, se han establecido una serie de medidas específicas que afectan directamente a la gestión de los centros de menores y a la política de inmigración relacionada con estos. El pacto refleja una voluntad de incrementar el control y la seguridad en este ámbito.

Una de las directrices más concretas es la exigencia de realizar pruebas para la determinación de la edad de los inmigrantes que llegan a la comunidad. Según se detalla en el acuerdo, el objetivo de esta medida es luchar contra el fraude y asegurar que las personas que ingresan en el sistema de protección de menores se corresponden verdaderamente con el perfil de edad para el que está diseñado dicho sistema.

De forma paralela, el nuevo Ejecutivo andaluz se ha comprometido a endurecer las normativas que rigen el funcionamiento de los centros de menores tutelados por la administración autonómica. El acuerdo establece la necesidad de reforzar el régimen interno, la disciplina y las medidas de seguridad en estas instalaciones. Asimismo, el pacto incluye el compromiso de evitar la ubicación de nuevos centros en localizaciones que puedan ser consideradas conflictivas, aunque no se han detallado los criterios para esta calificación.