El Gobierno desata una regularización masiva de 60.000 inmigrantes en Andalucía sin control

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un proceso de regularización extraordinaria que amenaza con desbordar los recursos y servicios sociales de Andalucía. Con una estimación de que al menos 60.000 inmigrantes que residen en la comunidad podrían acogerse a esta medida, la decisión unilateral del Ejecutivo central ha encendido todas las alarmas en los ayuntamientos y administraciones locales, que se ven obligados a gestionar las consecuencias de una política de puertas abiertas sin precedentes.

Este proceso, articulado a través de un Real Decreto para evitar el debate y la votación en las Cortes Generales, permite obtener un permiso de residencia y trabajo de un año a aquellos extranjeros que se encontrasen en España antes del 1 de enero de 2026 y puedan acreditar una estancia de cinco meses, además de carecer de antecedentes penales. Una medida que, bajo la apariencia de «derechos humanos», esconde un efecto llamada masivo y una profunda irresponsabilidad política.

La presión sobre los servicios públicos andaluces

La realidad sobre el terreno ya muestra las primeras grietas de esta política. Ayuntamientos como el de Vélez-Málaga se han visto forzados a implementar «dispositivos específicos de refuerzo» en sus Servicios Sociales para atender la avalancha de solicitudes. El consistorio malagueño ha tenido que habilitar un horario de tarde y contratar a más personal para gestionar los informes de vulnerabilidad, un requisito indispensable para el proceso de regularización. Este es solo un ejemplo de cómo la carga de una decisión tomada en Madrid recae directamente sobre las espaldas de los municipios andaluces, que deben desviar recursos para atender una demanda impuesta.

Mientras el Gobierno central defiende la medida por su supuesto impacto positivo en la economía y las arcas de la Seguridad Social, ignora deliberadamente la presión inmediata que ejerce sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales. La regularización de golpe de decenas de miles de personas sin una planificación adecuada ni una dotación presupuestaria extraordinaria para las comunidades autónomas es una receta para el colapso.

Un proceso opaco y con cifras alarmantes

A nivel nacional, las cifras son aún más preocupantes. Hasta el 22 de mayo, el Gobierno había recibido casi 550.000 solicitudes en toda España, superando con creces las estimaciones iniciales. Este volumen de peticiones evidencia la magnitud de la inmigración ilegal que el Ejecutivo ha decidido legalizar por decreto, en un claro desprecio a la soberanía nacional y al control de fronteras.

Organizaciones políticas como VOX ya advirtieron de las nefastas consecuencias de esta medida, alertando del riesgo para la cohesión social y la sostenibilidad del estado del bienestar. A pesar de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo para frenar este despropósito, el proceso sigue adelante, dejando a Andalucía y al resto de España ante un escenario de profunda incertidumbre.

La regularización masiva no es una solución, sino una claudicación. Es la prueba de un Gobierno incapaz de gestionar sus fronteras y que opta por el camino fácil del «papeles para todos», sin medir las consecuencias a largo plazo para los ciudadanos españoles, que ven cómo sus servicios públicos se tensionan para sostener políticas ideológicas que nadie ha votado.