El campo andaluz exige al Gobierno central que rectifique y apruebe una rebaja fiscal justa para los agricultores
El campo andaluz, motor económico y social de nuestra tierra, vuelve a toparse con la incomprensión y el abandono del Gobierno central. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha tenido que solicitar, por segunda vez, una rectificación urgente al Ministerio de Hacienda para que aplique una reducción justa en los módulos del IRPF para el ejercicio de 2025. La petición es clara y necesaria: una rebaja de, al menos, un 35% para todas las producciones agrícolas de Andalucía, una medida imprescindible para aliviar la asfixia que sufren nuestros agricultores y ganaderos.
Desde la Junta de Andalucía se lamenta profundamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haga oídos sordos a las demandas de una comunidad que es líder en el sector agroalimentario. «La situación del campo andaluz es preocupante y debemos acompañar a un sector que es estratégico», han declarado fuentes de la Consejería. Esta insistencia no es un capricho, sino una respuesta a una realidad dramática marcada por la sequía, el aumento descontrolado de los costes de producción y una competencia desleal que ahoga a nuestras explotaciones.
Una fiscalidad adaptada a la realidad
La propuesta andaluza busca adaptar la fiscalidad a la situación real de las explotaciones agrarias, minimizando el impacto económico negativo que amenaza su viabilidad. Sectores estratégicos como el hortícola, de gran relevancia económica y exportadora, necesitan que el índice de rendimiento neto pase del 0,26 al 0,14 para toda la comunidad. No es posible seguir aplicando baremos fiscales que ignoran las pérdidas y las dificultades que atraviesan quienes trabajan la tierra.
La Consejería reitera la necesidad de aplicar estas reducciones del 35% para las producciones agrícolas y forestales, llegando incluso al 45% en sectores especialmente vulnerables como la remolacha azucarera, los cereales y las flores y plantas ornamentales. Se trata de una cuestión de supervivencia para miles de familias y para el tejido productivo de las zonas rurales.
Agravio comparativo y falta de sensibilidad
Mientras el Gobierno central ignora las peticiones justificadas de Andalucía, la Junta demuestra su compromiso con el sector. Recientemente, y tras las gestiones de organizaciones como ASAJA-Sevilla, se ha logrado que las ayudas extraordinarias concedidas por el gobierno regional a los afectados por las borrascas queden exentas de tributación fiscal. Esta medida, de sentido común, permitirá que las compensaciones por los graves daños sufridos lleguen íntegramente a los agricultores y ganaderos, sin que el Estado se quede con una parte del auxilio.
Este contraste evidencia dos modelos de gestión: el de la Junta de Andalucía, cercano a los problemas reales del campo y dispuesto a ofrecer soluciones; y el del Gobierno de Sánchez, alejado de la realidad, que parece más interesado en la recaudación que en el sostenimiento de un sector vital para España. El campo andaluz no pide privilegios, sino justicia fiscal y sensibilidad. Exige las herramientas necesarias para seguir compitiendo, generando riqueza y manteniendo vivo nuestro mundo rural. La paciencia de nuestros agricultores tiene un límite y el Gobierno central debe rectificar antes de que sea demasiado tarde.
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