Problemas de la Sanidad en Andalucía

La sanidad pública en Andalucía atraviesa un momento crítico, tal y como señalan diversos informes recientes basados en datos oficiales.

Sindicatos y colectivos profesionales han presentado estudios en 2024 y 2025 que dibujan una radiografía muy preocupante: Andalucía se sitúa a la cola de España en prácticamente todos los indicadores sanitarios (El País).

Menos presupuesto por habitante, menos personal, listas de espera desbordadas y peores resultados de salud son algunos de los problemas estructurales identificados. Este deterioro generalizado contrasta con las promesas de mejora que el actual Gobierno andaluz del PP hizo cuando estaba en la oposición.

Tras seis años y medio de gestión de Juanma Moreno, Andalucía sigue arrastrando —e incluso agravando— los mismos grandes problemas sanitarios que criticaba al anterior ejecutivo. Dado que la sanidad es una competencia autonómica desde hace décadas, los expertos ponen el foco de la responsabilidad directamente en la Junta de Andalucía.

Infrafinanciación crónica y gasto desviado al sector privado

Uno de los ejes centrales de la crisis sanitaria andaluza es la infrafinanciación histórica de su sistema público de salud. Aunque el Gobierno autonómico presume de destinar más recursos que nunca, los datos indican que el presupuesto por habitante sigue entre los más bajos del país.

En 2025, Andalucía invierte unos 1.748 euros por persona en sanidad, una cifra 189 euros inferior a la media nacional y muy lejos de comunidades como Asturias (que supera en 686 € la inversión andaluza). De hecho, Andalucía figura entre las cinco comunidades con peor financiación sanitaria por cápita. Esta insuficiencia presupuestaria es reconocida como un lastre estructural: para converger con la media estatal haría falta un aumento anual de unos 1.600 millones de euros, según cálculos sindicales.

No solo el dinero es escaso, sino que además una parte importante del incremento reciente de presupuesto no ha reforzado la sanidad pública. Casi la mitad de la subida presupuestaria de 2024 (489 millones) se destinó al sector privado o externalizado. Esto incluye conciertos con clínicas privadas para cirugías y pruebas diagnósticas, contratos externalizados de limpieza, transporte sanitario u otros servicios, y un gran aumento del gasto farmacéutico.

Los sindicatos denuncian que Andalucía es la segunda comunidad que más porcentaje de su presupuesto dedica a farmacia (casi 17%), tres puntos por encima de la media nacional. Este desvío de recursos —favorecido por la eliminación en 2019 de la subasta de medicamentos que contenía el gasto farmacéutico— implica menos dinero para infraestructuras, equipamiento y personal. En resumen, la combinación de baja inversión pública y privatización creciente ha dejado al sistema sanitario andaluz sin la capacidad financiera necesaria para sostener unos servicios de calidad, según estos informes independientes.

Déficit de profesionales y fuga de talento sanitario

La falta de personal sanitario suficiente es otro problema crítico. Andalucía presenta las peores ratios de profesionales por habitante de toda España. Según datos del Ministerio de Sanidad recopilados en los informes sindicales, la comunidad cuenta con solo 3,1 médicos por 1.000 habitantes (frente a 3,7 de media nacional).

En el ámbito hospitalario la dotación es aún más baja: 1,73 médicos/1.000 hab., muy por debajo del promedio estatal de ~2,22. En enfermería la situación es similar: 4 enfermeros por 1.000 habitantes, el dato más bajo del país (la media española roza 4,7). También faltan fisioterapeutas, técnicos, celadores y administrativos, con 7,2 profesionales sanitarios de categorías diversas por 1.000 hab. frente a 7,99 de media nacional.

En total, harían falta unos 18.000 profesionales adicionales para que Andalucía simplemente alcance las ratios promedio de personal del Sistema Nacional de Salud. Esto incluye aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeros y 6.500 de otras categorías. Paradójicamente, 18.000 es también el número de sanitarios contratados como refuerzo COVID que luego no fueron renovados por la Junta al decaer la pandemia.

Los sindicatos subrayan que el problema no es que España carezca de médicos o enfermeras, sino que muchos prefieren no trabajar en Andalucía debido a la alta temporalidad (en torno al 20%) y los salarios más bajos respecto a otras regiones. Esta “fuga de profesionales” hacia otras comunidades agrava el déficit existente. De hecho, en 2023 Andalucía tuvo el peor saldo migratorio interno en enfermería: por cada enfermero de fuera que llegó, dos de los propios se marcharon. Las consecuencias de esta escasez de personal se reflejan en una sobrecarga asistencial y, en última instancia, en una merma de la calidad de la atención.

Representantes de sindicatos sanitarios presentan un informe sobre la situación de la sanidad andaluza (mayo de 2025). Dicho informe denuncia la falta de personal y recursos, situando a Andalucía en el furgón de cola de la sanidad española.

Listas de espera desbordadas y saturación asistencial

La escasez de recursos humanos y materiales tiene un impacto directo en la atención al paciente. Andalucía encabeza los registros de demoras y listas de espera en el sistema sanitario público. En Atención Primaria, un andaluz tarda de media 10,7 días para conseguir cita con su médico de cabecera, el peor dato de España (la media nacional es de 8,7 días, y en comunidades punteras como el País Vasco es menos de 5 días). Lejos de mejorar, esta demora en Primaria ha ido en aumento desde 2022, mientras en el resto del país tendía a reducirse.

En la atención hospitalaria, las cifras son igualmente alarmantes. A finales de 2024, más de 1.060.000 andaluces estaban en listas de espera sanitarias, lo que equivale al 12,6% de la población de la comunidad. Solo en espera de intervención quirúrgica había 194.159 pacientes, que representan casi una cuarta parte (23%) de todos los españoles pendientes de operación.

No solo hay más gente esperando, sino que esperan más tiempo: un 33,4% de los pacientes andaluces llevaba más de seis meses aguardando una operación, once puntos por encima del promedio nacional. El tiempo medio de espera quirúrgica en Andalucía es de 176 días, aproximadamente 50 días más que la media de España. Las consultas externas de especialistas tampoco escapan al colapso: había 866.000 personas esperando cita con el especialista, de las cuales más de 56% llevaban esperando más de 60 días, incumpliendo los plazos máximos fijados por decreto.

Según los datos recopilados, Andalucía figura consistentemente entre las peores comunidades en este ámbito (entre las últimas en porcentaje de población en lista de espera y penúltima en tiempos de demora).

El propio Gobierno de la Junta ha tenido que reconocer públicamente el problema de las listas de espera sanitarias, si bien achacándolo a factores generales. No obstante, los analistas señalan que el empeoramiento en Andalucía supera la tendencia general y responde a factores propios de gestión.

La consecuencia de estas demoras es una sensación ciudadana de saturación y colapso del sistema sanitario, especialmente en ciertas comarcas donde faltan médicos o incluso ambulancias suficientes para cubrir urgencias. Los profesionales alertan de que las demoras diagnósticas y asistenciales conllevan riesgos serios: “no solo cronifican los problemas, sino que los agravan y aumentan la mortalidad” en pacientes con enfermedades crónicas, advierte el portavoz de la Marea Blanca.

Andalucía, a la cola en salud y esperanza de vida

Más allá de los procesos asistenciales, los resultados en salud de la población andaluza también reflejan este déficit estructural. Tradicionalmente Andalucía ha estado ligeramente por debajo de la media en indicadores de salud, pero la brecha se ha ensanchado.

Hoy la comunidad presenta las peores tasas de mortalidad ajustada por edad de España: 871,1 defunciones por 100.000 habitantes, un 11,6% por encima del promedio nacional (780,2). Esto supone además más de 200 muertes por 100.000 habitantes por encima de regiones como Madrid. En paralelo, la esperanza de vida al nacer en Andalucía es la más baja del país junto con Canarias: en 2023 se situó en 82,5 años, 1,3 años por debajo de la media española y casi 3 años menos que la comunidad con mejor expectativa de vida. Este diferencial negativo en supervivencia se ha acentuado en los últimos años, rompiendo la convergencia nacional.

Asimismo, Andalucía encabeza o está entre los primeros puestos en prevalencia de enfermedades crónicas que empeoran la calidad de vida. Es la comunidad con mayor incidencia de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la segunda en diabetes y en artrosis, quinta en hipertensión arterial, y registra tasas superiores a la media en cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Solo en algunos tipos de cáncer (pulmón y colon) presenta cifras algo mejores que la media nacional.

Muchos de estos problemas de salud pública están ligados a determinantes sociales (mayores bolsas de pobreza, hábitos, envejecimiento, etc.), pero los expertos señalan que un sistema sanitario débil en atención primaria y preventiva dificulta atajar estas enfermedades o detectarlas a tiempo, contribuyendo a peores resultados finales.

La satisfacción de la ciudadanía con la sanidad andaluza también se ha desplomado. En 2024 los andaluces calificaron su sistema sanitario público con un 5,72 sobre 10 de nota media, la más baja de todas las autonomías. Esta valoración no ha dejado de caer desde 2022, incluso cuando en el conjunto de España la percepción mejoraba tras la pandemia. El diferencial negativo es el mayor registrado por el CIS hasta la fecha, reflejando que la población percibe claramente el deterioro del sistema andaluz.

Estos datos de opinión pública coinciden con informes independientes como el de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que en 2024 situó a Andalucía como la segunda comunidad con peores servicios sanitarios del país (solo por encima de la Comunidad Valenciana). En dicho ranking, Andalucía obtenía 66 puntos sobre 142 posibles (frente a 85 de media nacional y más de 100 puntos en regiones líderes como Navarra o País Vasco). Indicadores como el número de camas públicas (1,93 por 1.000 habitantes, el más bajo de España) o la ratio de enfermeras en hospitales (3,45 por 1.000 hab., también la última posición) ilustran el porqué de esa mala clasificación. Con este panorama, no es sorprendente que el descontento ciudadano haya ido en aumento: hoy 1 de cada 10 andaluces señala la sanidad como el principal problema de la comunidad, cuando en 2019 solo lo hacía un 6,4%.

Dependencia: listas de espera interminables y cientos de fallecidos

Un capítulo relacionado con la sanidad pública, aunque gestionado en el ámbito de los servicios sociales, es el de la atención a la dependencia (ayudas a personas mayores, con discapacidad o dependientes). En este terreno, Andalucía también exhibe graves retrasos administrativos y listas de espera masivas.

De acuerdo con los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) actualizados a febrero de 2025, Andalucía es la comunidad donde más se tarda en recibir una prestación de dependencia: 592 días de media, casi el doble que el promedio español. Son más de 19 meses de espera desde que una persona solicita la ayuda hasta que efectivamente se le concede el servicio o prestación económica correspondiente. Esta demora supera en 256 días (unos 8-9 meses) la media nacional. Lejos de acortarse, el tiempo de espera ha seguido creciendo: subió casi un mes más en 2024 respecto al año anterior.

Las cifras absolutas ponen de relieve el atasco andaluz en dependencia. Andalucía concentra prácticamente la mitad de todos los expedientes sin resolver en España pasados más de 6 meses desde su solicitud. En concreto, a febrero de este año había 30.725 andaluces esperando más de medio año una resolución (cuando la Ley de Dependencia marca 6 meses como plazo máximo legal), de un total de 67.930 personas en esa situación en todo el país. Además, 1 de cada 4 ciudadanos españoles que están pendientes de recibir prestación por dependencia reside en Andalucía. Este volumen desproporcionado refleja tanto el peso poblacional andaluz como un ritmo de gestión claramente insuficiente.

El Observatorio Estatal de la Dependencia ha advertido de un “llamativo deterioro” del sistema andaluz en 2024, tras años de avances continuos desde 2012. En 2024, el número de beneficiarios atendidos en la comunidad descendió un 2,58% (unas 8.300 personas menos que en 2023), mientras en España crecía un 4,4% la cobertura. Esa brusca caída quebró la tendencia histórica de expansión de la atención a dependientes y situó a Andalucía, junto a Galicia, como las autonomías que más empeoraron su gestión de la dependencia el último año.

Aunque la Junta de Andalucía destaca que en 2024 logró reducir la lista de espera de dependencia en casi 13.800 personas, los expertos matizan que esto ocurrió en un “escenario extraordinario de colapso” y mediante medidas excepcionales. El descenso de la lista se atribuye en parte a que miles de solicitantes fallecieron o abandonaron el sistema antes de recibir ayuda. Trágicamente, 5.751 andaluces murieron en 2024 esperando una prestación de dependencia, sin llegar a ser atendidos. Desde 2017, más de 83.600 personas han fallecido en Andalucía mientras estaban en la lista de espera de dependencia. Esto significa que unas 1 de cada 8 de las bajas de la lista de espera ocurren por fallecimiento del solicitante antes de obtener respuesta. Son datos estremecedores que han provocado movilizaciones de familias y trabajadores del sector, denunciando que el “caos” en la gestión está condenando a muchos mayores a no recibir nunca las ayudas a las que tenían derecho.

Diversos analistas y sindicatos apuntan a decisiones de la propia Junta como agravantes de esta situación. En particular, un decreto ley de 2024 supuestamente orientado a la “simplificación y racionalización” administrativa terminó generando trastornos burocráticos que “han sumido el servicio en una situación imposible”, según denuncian trabajadores de dependencia. Los continuos cambios de responsables en las unidades de valoración (varios dimitieron en pocos meses) y plantillas insuficientes han contribuido al atasco. Mientras tanto, miles de familias esperan noticias, algunas durante años, para obtener servicios básicos como ayuda a domicilio, teleasistencia o plazas residenciales. La lista de espera en dependencia se ha convertido así en otro indicador en el que Andalucía aparece rezagada frente al resto de España, con tiempos y volúmenes de espera inaceptables que requieren soluciones urgentes.

Seis años de promesas incumplidas

El balance general dibuja un panorama crítico para la sanidad pública andaluza, fruto de problemas estructurales no resueltos e incluso agravados en los últimos años. Infrafinanciación crónica, falta de personal, crecientes derivaciones al sector privado, demoras interminables y resultados sanitarios por debajo de la media conforman un diagnóstico contundente. Lo más preocupante es que estos déficits eran conocidos desde hace tiempo y fueron utilizados como bandera política por el PP cuando estaba en la oposición frente al anterior gobierno socialista. Sin embargo, tras más de seis años al frente de la Junta, el ejecutivo de Juanma Moreno no ha logrado revertir la situación. Los sindicatos denuncian que “no se puede seguir a la cola solo porque la Junta decida mantener un sistema infrafinanciado” y reclaman mayor inversión y voluntad política para cambiar el rumbo.

La sanidad es una responsabilidad autonómica desde hace décadas, y en Andalucía hay recursos económicos disponibles (la comunidad cerró 2024 con superávit presupuestario) para priorizar un verdadero refuerzo del sistema público. La falta de mejoras sustanciales tras un periodo tan prolongado de gobierno indica, según expertos y colectivos, un problema de prioridades políticas. “Hay dinero, lo que falta es voluntad”, insisten los representantes de los trabajadores. Organizaciones médicas y plataformas ciudadanas exigen un plan de choque ambicioso que aborde de raíz el déficit de financiación y personal, y que garantice que cualquier aumento presupuestario se destine a reforzar la sanidad pública y no a engordar negocios privados.

En definitiva, la sanidad pública andaluza sigue en la encrucijada. Los datos la sitúan a la cola de España en múltiples apartados, algo inadmisible para la comunidad más poblada del país. El Gobierno autonómico se enfrenta al desafío impostergable de rescatar el sistema sanitario, cumpliendo las promesas de mejora que aún están pendientes. De lo contrario, advierten sindicatos y expertos, el deterioro continuará cobrándose un coste elevado en salud, calidad de vida e incluso en vidas humanas, como tristemente evidencia el caso de la dependencia. Las miradas están puestas en la Junta de Andalucía, de quien depende revertir este estado crítico antes de que sea demasiado tarde.

Principales problemas de la sanidad pública andaluza

Resumen de los principales problemas de la sanidad pública en Andalucía-

• Infrafinanciación crónica del sistema sanitario.

• Baja inversión pública por habitante (1.748 €/hab., 189 € menos que la media nacional).

• Alta derivación de fondos al sector privado y concertado.

• Segundo mayor porcentaje de gasto en farmacia de España (17% del presupuesto).

• Carencia de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios (déficit estimado: 18.000 profesionales).

• Condiciones laborales precarias: alta temporalidad (~20%) y sueldos bajos.

• Fuga de talento sanitario hacia otras comunidades.

• Saturación en Atención Primaria: 10,7 días de espera para cita médica (la peor del país).

• Listas de espera hospitalarias desbordadas (más de 1 millón de personas).

• Tiempo medio de espera quirúrgica: 176 días (50 días más que la media nacional).

• 33,4% de pacientes esperan más de 6 meses para operarse (11 puntos por encima de la media).

• 56% de los pacientes esperan más de 60 días para consulta con especialista.

• Altas tasas de mortalidad ajustada por edad (871,1 por cada 100.000 hab.).

• Esperanza de vida más baja de España junto con Canarias (82,5 años).

• Alta prevalencia de enfermedades crónicas (1ª en EPOC, 2ª en diabetes y artrosis).

• Baja valoración ciudadana: 5,72 sobre 10 (la peor puntuación autonómica).

• Segundo peor sistema sanitario autonómico según rankings independientes (66/142 puntos).

• Menor número de camas públicas: 1,93 por 1.000 hab. (última posición nacional).

• Menor ratio de enfermeras hospitalarias: 3,45 por 1.000 hab. (última posición).

• Graves retrasos en la gestión de la dependencia (592 días de espera media).

• Andalucía concentra casi la mitad de los expedientes sin resolver pasados 6 meses.

• Alta mortalidad en lista de espera de dependencia (5.751 fallecidos en 2024).