La Junta de Juanma Moreno, cercada por la justicia por adjudicaciones irregulares de 458 millones en Sanidad

La bandera de la regeneración y la buena gestión que el Partido Popular enarboló para llegar a San Telmo se tambalea. La Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, se encuentra en el punto de mira de la justicia por un presunto escándalo de contratación irregular en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que alcanza la cifra de 458 millones de euros. Un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia que investiga un posible delito de malversación en la adjudicación sistemática de contratos «a dedo» durante el año 2021.

La investigación se centra en una práctica que los propios interventores de la Junta de Andalucía han calificado como un posible «fraude de ley». El mecanismo consistía, presuntamente, en el «fraccionamiento indebido» de grandes contratos millonarios en miles de contratos menores. Esta operativa permitía eludir los controles y los procedimientos de concurso público que exige la Ley de Contratos del Sector Público, facilitando la adjudicación directa a empresas farmacéuticas y sanitarias de primer nivel como Novartis, Pfizer o Roche, entre otras.

Una práctica «heredada» como excusa

La defensa del gobierno de Moreno Bonilla se ha basado en dos argumentos principales: la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia y el hecho de que, según ellos, esta forma de contratar no es nueva, sino una práctica heredada de anteriores gobiernos socialistas. El presidente andaluz ha negado rotundamente las irregularidades, afirmando que «es falso que el SAS haya adjudicado 458 millones en fraude de ley». Sin embargo, estas justificaciones resultan insuficientes cuando son los propios órganos fiscalizadores de la Junta los que alertan de un posible indicio delictivo.

Los informes de la Intervención son demoledores y censuran el «abuso» de la figura del contrato menor, advirtiendo que esta práctica se repetía en las ocho provincias andaluzas. En total, se estima que la Junta destinó más de 1.223 millones de euros a contratos menores en sanidad en 2021, de los cuales el 92% presentaron «irregularidades e incumplimientos», según las auditorías. Esta situación pone en tela de juicio la transparencia en la gestión de los fondos públicos y destapa un sistema que parece diseñado para sortear la ley.

El «cambio» que no cambia nada

Este escándalo judicial supone un duro golpe para la imagen de Juanma Moreno, que ha basado su proyecto en la diferenciación con los 37 años de gestión socialista. La realidad, sin embargo, parece demostrar que las viejas prácticas de la administración andaluza siguen muy arraigadas en San Telmo. El uso de subterfugios legales para adjudicar contratos a dedo recuerda a las peores épocas del «régimen» del PSOE, evidenciando que el «socialismo azul» del PP no ha supuesto la ruptura prometida.

Mientras la sanidad pública andaluza sufre listas de espera descontroladas y falta de recursos, resulta alarmante que cientos de millones de euros se repartan sin la debida concurrencia y transparencia. Los andaluces merecen una gestión pulcra y eficiente de su dinero, especialmente en un área tan sensible como la sanidad. La justicia tendrá la última palabra, pero la responsabilidad política del gobierno de Juanma Moreno ya está sobre la mesa, cuestionando si su mandato es realmente un cambio o una mera alternancia en el poder que perpetúa los mismos vicios.