La Cámara de Cuentas destapa la gestión de Juanma Moreno: 678 millones del canon del agua recaudados y sin invertir en obras
La gestión económica del gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía vuelve a quedar en entredicho. Un reciente informe de la Cámara de Cuentas ha destapado una alarmante bolsa de fondos sin ejecutar: 678,28 millones de euros recaudados a través del canon del agua que no se han destinado a las infraestructuras de saneamiento y depuración para las que fueron concebidos. Este hecho no solo evidencia una notable falta de diligencia en la administración de los recursos públicos, sino que agrava la situación de déficit hídrico y medioambiental de la comunidad.
El canon del agua es un tributo finalista que cada andaluz abona en su recibo con la promesa de que se invertirá en la mejora del ciclo integral del agua. Sin embargo, el órgano fiscalizador ha constatado que, lejos de cumplirse este objetivo, los fondos se acumulan en las arcas de la Junta sin que se acometan las obras necesarias. Esta situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que Andalucía es una de las regiones con mayores carencias en materia de depuración de aguas residuales, acumulando sanciones y advertencias por parte de la Unión Europea por el incumplimiento de las directivas medioambientales.
Una hemeroteca que retrata al presidente
La controversia se agudiza al recordar las propias palabras del presidente andaluz. Hace una década, cuando lideraba la oposición, Juanma Moreno calificó este mismo canon de «fraude» y «engaño masivo». Paradójicamente, tras llegar al poder, no solo lo mantuvo, sino que lo reimplantó en 2023 con una subida del 30% tras una breve derogación, argumentando la necesidad de financiar nuevas infraestructuras. Los datos de la Cámara de Cuentas demuestran ahora que ni la recaudación previa ni la aumentada se han traducido en la ejecución prometida, dejando en evidencia la incoherencia del ejecutivo popular.
La Mesa Social del Agua, que aglutina a diversas organizaciones sociales, ecologistas y agrarias, ha calificado la situación de «especial gravedad», subrayando que los recursos del canon no provienen del presupuesto general, sino del bolsillo de los ciudadanos. La desviación de estos fondos o, en este caso, su inacción, rompe el principio de confianza y genera una doble imposición para los andaluces, que pagan por unas obras que no llegan y, a la vez, sufren las consecuencias de la falta de depuración y se exponen a futuras multas europeas que también se pagarán con dinero público.
Consecuencias de la inacción de la Junta
La falta de inversión en saneamiento tiene consecuencias directas. Municipios andaluces continúan vertiendo aguas residuales sin el tratamiento adecuado, lo que supone un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Esta negligencia ha llevado a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya sentenciado en varias ocasiones a España por la vulneración de la directiva comunitaria, señalando directamente a varias localidades andaluzas.
Mientras el gobierno de Moreno Bonilla presume de estabilidad y eficacia en la gestión, informes como el de la Cámara de Cuentas revelan una realidad bien distinta. La acumulación de 678 millones de euros sin ejecutar en un área tan crítica como la gestión del agua demuestra una preocupante parálisis administrativa. Los andaluces tienen derecho a saber por qué el dinero de sus impuestos, destinado a un fin tan esencial, permanece inmovilizado mientras la necesidad de infraestructuras hídricas es más acuciante que nunca.
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