La Plataforma Campiña Norte defiende sus olivos centenarios
En el corazón de Jaén, donde el olivar ha sido sustento económico y cultural durante generaciones, la Plataforma Campiña Norte ha emergido como un grito colectivo de resistencia frente al avance de megaplantas solares que amenazan con transformar el paisaje y la economía rural. La situación es tan paradójica como preocupante: bajo el argumento de la transición ecológica, cientos de agricultores están siendo forzados a ceder sus tierras para instalar placas solares, muchas veces sin información clara ni procesos transparentes.
Una lucha por el territorio y la dignidad agraria
Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, representa a más de 150 agricultores de municipios de Jaén como Lopera, Arjona, Arjonilla y Escañuela. Su denuncia es clara: se están expropiando fincas con olivos centenarios para instalar líneas de alta tensión y paneles solares, amparándose en una ley de 1954 que permite la expropiación en nombre de la «utilidad pública». Pero detrás de este proceso se esconde una trama de empresas con capital extranjero, fragmentación artificiosa de proyectos para evitar controles y una administración que parece mirar hacia otro lado.
Impacto económico y social: más allá de los olivos
Cada hectárea de olivar representa mucho más que unos árboles. Son jornales de invierno, litros de aceite, redes familiares y economías locales que se sostienen sobre la tierra. Agricultores como Rafael han visto cómo se ofrecen compensaciones de hasta 18.000 euros por fincas que generaban hasta 40.000 anuales. Además, se están firmando «derechos de paso» que, aunque no expropian el suelo directamente, impiden su uso agrícola futuro.
Estrategias empresariales bajo sospecha
Las denuncias apuntan a una práctica sistemática: dividir un proyecto en varias plantas de 49,9 megavatios para eludir la supervisión estatal, que se activa a partir de los 50 MW. Empresas como Greenalia o FRV Arroyadas, algunas con un capital social mínimo, figuran como promotoras distintas en documentos oficiales, pero operan en la práctica como un solo proyecto. Esta estrategia les permite obtener licencias rápidas y evitar evaluaciones ambientales rigurosas.
El silencio administrativo y la reacción ciudadana
La respuesta institucional ha sido tibia. La Junta de Andalucía tramita los expedientes sin freno, mientras los agricultores reciben las notificaciones como si fueran simples papeles sin consecuencias. Algunos ni siquiera fueron informados formalmente: se enteraron al ver maquinaria pesada en sus tierras. La Unesco, por su parte, retiró la candidatura del Paisaje del Olivar como Patrimonio de la Humanidad, dejando a la región sin una protección simbólica clave.
Hacia una transición energética justa
Nadie en la Plataforma Campiña Norte está contra las energías renovables. De hecho, muchos agricultores tienen placas solares en sus viviendas y defienden el autoconsumo. Pero lo que se reclama es una transición justa, participativa y respetuosa con el entorno. No una que sustituya olivos por torretas y pueblos vivos por «campos de chatarra».
Rafael resume la situación con una frase lapidaria: «Esto es una plaga». Y no se refiere al sol, sino a un modelo de desarrollo que amenaza con devorar lo que durante siglos ha sido el alma del campo andaluz.
