El campo andaluz, abandonado por el Gobierno central mientras la Junta aprueba un nuevo pago de ayudas

La resiliencia del campo andaluz se mide en la capacidad de sus gentes para mirar al cielo esperando agua y, meses más tarde, rogar que esta desaparezca de sus tierras anegadas. A principios de año, un tren de borrascas sin precedentes barrió la región, dejando un rastro de devastación que todavía hoy lastra a miles de explotaciones. Las pérdidas, calificadas entonces como «incalculables» y «dramáticas», se estimaron en más de 3.000 millones de euros, afectando a cerca del 20% de la producción agrícola andaluza.

Meses después, el panorama sigue siendo desolador. El agua se ha retirado, pero ha dejado tras de sí campos yermos, infraestructuras destrozadas y una deuda económica y moral que ahoga a los agricultores y ganaderos. Lo que no ha llegado con la misma celeridad que las lluvias ha sido la ayuda efectiva y contundente del Gobierno de la Nación, más preocupado por las agendas ideológicas que por los problemas reales de los españoles.

La inacción de Madrid frente a la gestión regional

Mientras el sector primario, pilar estratégico de nuestra economía y garante de la soberanía alimentaria, clama por soluciones, el Gobierno central se pierde en una maraña burocrática. Las ayudas prometidas desde Madrid, financiadas en parte con fondos europeos, se perciben como un espejismo lejano, una promesa vacía que no llega a materializarse en los bolsillos de quienes lo han perdido todo. La sensación generalizada en el campo andaluz es de un profundo abandono por parte de un Ejecutivo que legisla de espaldas a la realidad rural y que solo acude para la foto en momentos de crisis.

Frente a esta parálisis, la Junta de Andalucía ha vuelto a mover ficha. La Consejería de Agricultura ha publicado una segunda resolución para la concesión de ayudas directas a los titulares de las explotaciones afectadas. Este nuevo paquete, que beneficia a un primer lote de más de 400 expedientes que han subsanado sus solicitudes, supone un balón de oxígeno para muchas familias. Es la prueba de que una administración cercana y comprometida, como la que ahora rige en Andalucía, puede ofrecer respuestas más ágiles que la pesada maquinaria estatal.

Una ayuda necesaria pero insuficiente

A pesar del esfuerzo del gobierno regional, que se agradece y reconoce, estas ayudas no dejan de ser una gota en un océano de necesidad. Con daños que superan los 3.500 millones de euros, según las estimaciones, los fondos autonómicos solo pueden paliar una pequeña parte del desastre. La situación exige una implicación real y decidida del Estado, con un plan de choque que vaya más allá de las declaraciones de intenciones y que flexibilice la normativa para facilitar la recuperación.

El campo andaluz no pide limosna, exige justicia y las herramientas para poder seguir trabajando. La catástrofe de las inundaciones ha puesto de manifiesto, una vez más, la fragilidad de un sector asediado por la competencia desleal de terceros países, unos costes de producción disparados y una política hídrica nacional errática. Si el Gobierno de España no asume su responsabilidad y defiende de una vez por todas a su sector primario, no solo estará condenando a la ruina a miles de familias, sino que pondrá en jaque la propia despensa de la nación.