La Junta de Andalucía se planta ante Bruselas para defender al campo de la asfixia regulatoria

El campo andaluz, pilar fundamental de nuestra economía y garante de nuestra soberanía alimentaria, se encuentra en una encrucijada crítica. A la asfixia provocada por la sequía y el incesante aumento de los costes de producción, se suma ahora una amenaza que proviene de los despachos de Bruselas: una agenda ideológica disfrazada de ecologismo que amenaza con ahogar a nuestros agricultores y ganaderos. Ante esta ofensiva, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido dar un paso al frente y erigirse como dique de contención para proteger los intereses de nuestra tierra.

Una defensa firme frente a la «amenaza» de Bruselas

La voz de la administración andaluza ha resonado con contundencia a través del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha lamentado que el sector primario se sienta «amenazado» por las decisiones que se toman a cientos de kilómetros, sin tener en cuenta la realidad de nuestras explotaciones. El mensaje es claro: la sostenibilidad medioambiental es un objetivo compartido, pero nunca debe imponerse a costa de la sostenibilidad social y la rentabilidad económica de quienes trabajan la tierra. No se puede pedir más a un sector mientras se recortan sus apoyos y se le imponen trabas burocráticas inasumibles.

Esta postura firme de la Junta llega en un momento en que el campo andaluz clama contra una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que consideran un golpe a su línea de flotación. Se critica una normativa que, lejos de ayudar, parece diseñada para restar competitividad, al tiempo que se abren las puertas a productos de terceros países que no cumplen con las mismas exigencias laborales, sanitarias y medioambientales que se imponen a nuestros productores. Esta competencia desleal, consentida tanto por Bruselas como por la pasividad del Gobierno central, es una sentencia para miles de explotaciones familiares.

Proteger un pilar estratégico para Andalucía

El Gobierno andaluz entiende que defender al campo es mucho más que proteger un sector económico; es salvaguardar un modo de vida, fijar población en el entorno rural y preservar una herencia cultural de valor incalculable. Por ello, la Junta ha garantizado que estará junto a los productores «defendiendo los intereses, la competitividad y la rentabilidad del sector». El objetivo es pelear por una PAC que realmente se ajuste a las necesidades de Andalucía, apoyando la renta de los agricultores, fomentando el tan necesario relevo generacional y blindando un modelo productivo que es sinónimo de calidad en todo el mundo.

Frente a las directrices que amenazan con desmantelar nuestro tejido productivo, Andalucía reivindica su papel estratégico en la economía de España y de Europa. No se puede construir una política agraria de espaldas a la principal potencia agrícola del continente. Por ello, la administración autonómica ha tendido la mano para que todas las instituciones, desde la Unión Europea hasta el ministerio, trabajen de forma coordinada en favor de un sector que lo necesita y que se ha ganado a pulso el respeto y el apoyo de la sociedad.

En definitiva, la Junta de Andalucía se planta ante las imposiciones ideológicas para defender con hechos la realidad productiva de nuestra región. Una defensa que no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación para con el futuro de nuestra tierra y de nuestra gente.