Andalucía da un paso clave hacia una ley específica contra la violencia vicaria
En un movimiento que podría marcar un hito legislativo en España, la investigadora y activista Elena Ramallo ha presentado ante el Parlamento de Andalucía una propuesta para desarrollar una ley específica destinada a combatir la violencia vicaria, una de las formas más crueles y silenciadas de violencia machista.
La intervención de Ramallo tuvo lugar en el marco de la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento andaluz, donde expuso los hallazgos del informe «Violencia vicaria: una aproximación jurídica y social«. Su objetivo fue claro: promover el reconocimiento legal de esta manifestación de violencia como una categoría diferenciada dentro del marco normativo, con el fin de evitar que quede invisibilizada dentro del conjunto más amplio de la violencia de género.
Una forma de violencia extrema con graves consecuencias
La violencia vicaria se manifiesta cuando el agresor daña a los hijos o hijas —o amenaza con hacerlo— con el propósito de ejercer control o castigar a la madre. Es una táctica de abuso que busca aniquilar emocionalmente a las mujeres, usando a sus propios hijos como herramienta de venganza. En muchos casos, estos actos se producen durante procesos de separación o disputa por la custodia, cuando los mecanismos legales no alcanzan a proteger a las víctimas de forma eficaz.
Elena Ramallo enfatizó que esta forma de violencia no solo tiene efectos devastadores sobre las madres, sino que también supone una vulneración profunda de los derechos de la infancia. Los menores son víctimas directas de esta estrategia de manipulación y maltrato, sufriendo consecuencias psicológicas y emocionales duraderas que, en muchos casos, no encuentran reparación ni en la justicia ni en los sistemas de protección social.
Hacia una legislación específica: por qué es necesaria
Uno de los puntos centrales de la intervención de Ramallo fue la necesidad urgente de crear un marco legal específico que identifique la violencia vicaria como una forma autónoma de violencia machista. En la actualidad, los casos de este tipo tienden a diluirse en la categoría general de violencia de género, lo que impide una actuación institucional adecuada y limita el acceso a recursos especializados para las víctimas.
La propuesta de una ley específica permitiría establecer protocolos de actuación claros para las fuerzas de seguridad, los jueces, los servicios sociales y los equipos de salud mental. Asimismo, contribuiría a la creación de mecanismos de prevención más eficaces, especialmente en el ámbito judicial, donde muchas veces las decisiones sobre custodia y régimen de visitas no consideran suficientemente el riesgo de violencia vicaria.
El impacto en menores y la necesidad de protección efectiva
Diversos estudios e informes han documentado las secuelas psicológicas que la violencia vicaria deja en los niños y niñas implicados. Trastornos de ansiedad, miedo persistente, alteraciones del sueño y problemas de desarrollo emocional son solo algunas de las consecuencias registradas.
En su exposición, Ramallo defendió que la protección de la infancia debe ser una prioridad política. Afirmó que no puede haber justicia efectiva si no se contempla a los menores como víctimas plenas, no solo como instrumentos de coacción. La ley propuesta buscaría garantizar entornos seguros y libres de violencia para los hijos e hijas de mujeres víctimas, evitando su revictimización institucional.
Un debate que trasciende lo jurídico: la dimensión social del problema
La violencia vicaria no es solo un problema legal, sino también cultural. Surge de una estructura patriarcal en la que los hijos son considerados propiedad del padre, y donde el sufrimiento de la mujer se utiliza como moneda de castigo tras la pérdida de control que implica una separación.
A lo largo de su intervención, Ramallo hizo hincapié en la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral, que incluya educación afectiva, formación a profesionales, sensibilización social y compromiso institucional. Solo así se podrá erradicar una forma de violencia que opera muchas veces de manera silenciosa, amparada por vacíos legales o decisiones judiciales que no priorizan la seguridad de las víctimas.
Andalucía podría ser pionera en el reconocimiento legal de esta violencia
La iniciativa de Elena Ramallo abre la puerta a que Andalucía se convierta en la primera comunidad autónoma en impulsar una legislación específica contra la violencia vicaria. Esto supondría no solo un avance en términos de protección, sino también un precedente político para que otras regiones y el propio Estado consideren la incorporación de esta figura en sus normativas.
El debate está sobre la mesa. Ahora corresponde a los representantes políticos, asociaciones y sociedad civil tomar parte activa en la construcción de un marco legal que refleje la realidad de tantas mujeres y menores que han sido silenciados por una violencia que ataca donde más duele.
El reconocimiento jurídico de la violencia vicaria no es solo una cuestión de justicia, sino de humanidad.
