La UE favorece a Marruecos y Argelia contra el sector pesquero español
Bartolomé Navarro, presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, ha alertado sobre la comercialización de especies como el mero y la pescadilla con tamaños inferiores a los permitidos por la normativa europea. Por ejemplo, el mero, que debe medir al menos 45 centímetros, se encuentra en los mercados con tamaños de apenas 20 o 25 centímetros. Asimismo, la pescadilla, cuyo mínimo permitido es de 20 centímetros, se importa con tallas de 10 a 13 centímetros. Navarro subraya que es inadmisible que se exija a los pescadores locales cumplir estas normas mientras se permite la entrada de productos que no las respetan.
Además de las preocupaciones por el tamaño, la calidad del pescado importado también es motivo de inquietud. Navarro advierte que muchos de estos productos llegan eviscerados para alargar su frescura, pero podrían llevar más de cinco días desde su captura, lo que representa un riesgo para la salud pública y una situación inaceptable para los consumidores.
La falta de controles efectivos sobre los productos importados es otro punto crítico. Según Navarro, los inspectores solo supervisan el pescado nacional, dejando fuera del radar los productos extranjeros. Él enfatiza que deberían controlar todo el pescado, sancionar las irregularidades y garantizar la seguridad alimentaria, ya que no es justo que los pescadores locales sean penalizados mientras el producto extranjero entra sin problemas.
Ante esta situación, el Gobierno de España está trabajando en buscar soluciones. Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca, se reunió con las comunidades autónomas mediterráneas para abordar posibles medidas. Entre las propuestas destaca la revisión de las cuotas de pesca europeas y la actualización de los estudios sobre los caladeros, ya que algunos datos actuales están desfasados. Sara Rubira, consejera de Pesca en Murcia, asegura que las condiciones del Mediterráneo han mejorado y que es posible aplicar normativas más flexibles.
Entre finales de 2024 y principios de 2025, los pescadores murcianos protagonizaron paros para visibilizar el problema. Durante estas protestas, mercados como Verónicas en Murcia o Santa Florentina en Cartagena buscaron alternativas en otras lonjas del Mediterráneo, como la de Alcantarilla.
El problema se extiende también al sector agrícola. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), las importaciones de frutas y verduras procedentes de Marruecos crecieron un 30% en octubre de 2024 respecto al año anterior. El caso del tomate es especialmente preocupante, ya que se estima que se han excedido los límites estipulados en el acuerdo de libre comercio con la UE, generando un fraude fiscal superior a 71 millones de euros.
Con estas denuncias, el sector pesquero español exige medidas urgentes para garantizar una competencia leal y la seguridad alimentaria de los consumidores. La implementación de controles más estrictos y la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países se presentan como acciones necesarias para proteger la industria pesquera nacional y asegurar el cumplimiento de las normativas europeas
