Europa ante el espejo de la islamización: Defensa de la libertad, el Estado de Derecho y los valores democráticos

Una amenaza silenciosa está poniendo en peligro al viejo continente, atacando su estructura política, cultural, religiosa y, sobre todo, sus democracias: la islamización. No se trata de un simple fenómeno religioso, sino de una expansión ideológica que instrumentaliza el islam para construir estructuras sociales, jurídicas y culturales contrarias a los fundamentos del constitucionalismo occidental.
Esta transformación no constituye únicamente un desafío para Europa. Representa también una amenaza directa para la estabilidad de la civilización occidental. Ciudades como Nueva York —víctima del mayor atentado yihadista— podrían ver cómo se elige como alcalde a un candidato musulmán identificado con una confesión religiosa de corte islamista.
Europa alberga ya más de 54 millones de musulmanes. En poco más de una década podrían representar una cuarta parte de la población. Estudios del Pew Research Center revelan que más de la mitad de los musulmanes franceses se sienten más identificados con el islam que con Francia. En el Reino Unido, un tercio de los estudiantes musulmanes declara apoyar la instauración de un califato global. No se trata de un problema de fe, sino de régimen. El islam político, entendido como ideología, significa “sumisión” y busca instaurar un orden legal basado en la sharía, lo cual resulta incompatible con el pluralismo democrático.
Las mezquitas superan en número a las iglesias y la construcción de mega-mezquitas avanza como símbolo de colonización cultural. En muchas de estas ciudades, los menores de 18 años de origen musulmán ya constituyen la mayoría. “Mohammed” es el nombre más común entre los recién nacidos. Se eliminan referencias al cerdo en los programas escolares para no ofender sensibilidades religiosas, mientras a las niñas se les impone el uso del velo desde edades tempranas.
La evidencia sobre el terreno resulta ya difícil de ignorar. En ciudades como Bruselas, Malmö, Marsella o Ámsterdam han surgido barrios de mayoría musulmana que operan bajo dinámicas paralelas a las del Estado de Derecho. La policía evita determinadas zonas, las escuelas públicas adaptan sus programas a exigencias religiosas y las mujeres —frecuentemente menores de edad— son sometidas a prácticas que vulneran derechos fundamentales, amparadas en justificaciones de carácter cultural o religioso.
Esta transformación se acompaña de una creciente violencia simbólica y física. Aumentan las agresiones contra mujeres no musulmanas, así como los episodios de intimidación verbal, el control comunitario sobre la vida privada y la marginación sistemática de los valores laicos europeos. Como consecuencia, numerosos ciudadanos europeos se han visto obligados a abandonar sus barrios, e incluso sus países, ante la imposibilidad de mantener una vida normalizada. Mientras tanto, medios de comunicación y sectores políticos optan por descalificar como “racistas” o “extremistas” a quienes denuncian esta situación.
El caso británico resulta paradigmático. Se estima que entre 30 y 85 tribunales de sharía operan en el Reino Unido. Aunque sin reconocimiento jurídico oficial, ejercen una influencia efectiva sobre comunidades enteras. Muchas mujeres no pueden acceder al divorcio sin autorización clerical, lo que las somete a matrimonios forzados y contextos de subordinación perpetua. En Francia, los servicios secretos han alertado sobre la infiltración ideológica de los Hermanos Musulmanes en escuelas, mezquitas y asociaciones con el objetivo de hacerse con el control del poder del país galo.
Ante esta situación, la respuesta de los líderes europeos es nula, con excepciones contadas. Las voces que manifiestan su descuerdo y, el hecho de que no es tolerable la destrucción de nuestras civilizaciones y sistemas democráticos son todas mujeres, líderes políticos. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha promovido una decidida defensa del laicismo y del derecho positivo frente a las presiones de la sharía como poder paralelo y los valores y principios de la civilización humanista cristiana. La ministra sueca Ebba Busch ha afirmado con contundencia que los musulmanes que no estén dispuestos a adaptar su práctica religiosa a los valores europeos deben regresar a sus países de origen. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha propuesto prohibir el uso del niqab y otros velos en centros educativos: “Que prevalezca la democracia en las escuelas”, ha declarado.
España no es ajena a estos riesgos. Sin embargo, la cobardía de la mayoría de sus líderes políticos y la hegemonía de una ideología woke impiden escuchar voces que denuncien con claridad lo que está ocurriendo.
Esta realidad no puede interpretarse como islamofobia ni intolerancia religiosa, sino como una defensa legítima del marco jurídico que garantiza nuestras libertades. Como jurista e investigadora, propongo una “estrategia de rescate”: regulación del uso de símbolos de sumisión y estigmatización en menores, supervisión estricta de la enseñanza religiosa en centros públicos, y control riguroso sobre la financiación extranjera de lugares de culto, así como, las prácticas arcaicas, misóginas y contrarias a los avances conquistados por los sistemas democráticos no pueden permitirse bajo el pretexto del multiculturalismo.
Mi voz y mi conocimiento siempre estarán al servicio de la democracia y de la libertad, principios rectores e irrenunciables.
La tolerancia no puede transformarse en claudicación. La defensa de la libertad, la igualdad y la dignidad humana exige convicción y firmeza democrática. Si Europa renuncia a sus valores por miedo a incomodar, su destino quedará sellado. Aún estamos a tiempo. Pero el tiempo se agota, y no se trata de una alerta apocalíptica: es la realidad que ya estamos viviendo.