Un juzgado investiga al PSOE de Sevilla y a un cargo de la ejecutiva de Montero por acoso laboral en la Diputación

Un juzgado de Sevilla ha abierto diligencias de investigación contra el Partido Socialista Obrero Español de Sevilla y contra Demetrio Pérez, coordinador de Presidencia en la Diputación de Sevilla y miembro de la ejecutiva autonómica de la candidata socialista María Jesús Montero, por un presunto delito de acoso laboral contra una trabajadora de la institución provincial. El caso llega en el peor momento posible para el PSOE andaluz, a escasas semanas de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Los hechos denunciados

La querella fue interpuesta por una militante socialista que trabajaba como personal eventual en la Diputación de Sevilla. Según el relato de la denunciante, desde noviembre de 2023 y hasta la fecha de presentación de la querella, habría sido objeto de un trato continuado de humillaciones públicas, control abusivo y presiones de diversa índole por parte de sus superiores dentro del grupo socialista de la institución provincial.

La querella atribuye a los investigados presuntos delitos de coacciones, atentado contra la integridad moral derivado del acoso laboral y de descubrimiento y revelación de secretos. Al PSOE como organización se le señala como persona jurídica presuntamente responsable de los hechos. La jueza que instruye la causa ha citado a la denunciante a declarar el próximo 29 de abril para aclarar los extremos del escrito presentado.

El PSOE intentó silenciar a la denunciante

Lo que agrava especialmente este caso es que, según las informaciones publicadas por varios medios, el PSOE de Sevilla habría intentado acallar a la trabajadora ofreciéndole una salida laboral alternativa, un «empleo cómodo» a cambio de que abandonara el conflicto sin que este trascendiera públicamente. La denunciante rechazó el ofrecimiento y decidió acudir a la vía judicial para defender sus derechos.

Este intento de silenciamiento recuerda a los mecanismos que utilizan las grandes organizaciones para proteger a sus cuadros intermedios frente a denuncias internas. Que esa estrategia se haya aplicado en el seno de un partido que se autoproclama defensor de los derechos laborales y de las mujeres resulta especialmente revelador de la enorme brecha que existe entre el discurso y la práctica del socialismo andaluz.

Demetrio Pérez y su vinculación con la ejecutiva de Montero

El dato más comprometedor para la candidata socialista es la vinculación directa del investigado con su estructura de partido. Demetrio Pérez no es un cargo menor ni un militante de base: es un hombre de confianza integrado en la ejecutiva autonómica que lidera María Jesús Montero. Su permanencia en ese puesto tras conocerse las primeras denuncias, ya a finales de 2025, generó fuertes críticas desde distintos sectores.

Este caso no es, además, el primero que salpica a la cúpula socialista andaluza. Informaciones publicadas a finales de 2025 ya revelaban que Montero mantenía en su ejecutiva a dos cargos señalados por sendas denuncias de acoso laboral y abuso sexual. La acumulación de casos en el entorno más cercano a la candidata dibuja un patrón preocupante que el electorado andaluz tendrá en cuenta el 17 de mayo.

Un partido acorralado por sus escándalos en campaña

El PSOE andaluz afronta la recta final de la campaña con una losa judicial y reputacional de difícil gestión. Mientras María Jesús Montero intenta proyectar una imagen de renovación y credibilidad institucional, los juzgados sevillanos cuestionan la ejemplaridad de quienes forman parte de su equipo más cercano.

La imagen de un partido incapaz de proteger a sus propios trabajadores mientras predica sobre derechos laborales y feminismo resulta difícil de sostener ante un electorado cada vez más exigente con la coherencia ética de sus representantes. El escándalo alimenta, además, la percepción de que el PSOE andaluz no ha cambiado: los mismos vicios, los mismos métodos y la misma cultura de impunidad que los andaluces rechazaron en las urnas en 2018.