La crisis de la vivienda en Málaga: ¿Es hora de priorizar a los malagueños en el acceso a VPO?

Málaga vive una paradoja que se ha vuelto insostenible para miles de sus ciudadanos. La provincia es un motor económico y un imán para la inversión y el turismo, pero este éxito tiene una cara B: la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna a un precio asequible. Este problema, que afecta a toda la sociedad, se vuelve especialmente dramático en el ámbito de la vivienda en Málaga de protección oficial (VPO), un recurso escaso y cada vez más demandado por familias que ven cómo el mercado libre les expulsa de su propia tierra.

En este contexto de tensión, el debate abierto en otras comunidades autónomas sobre los criterios de adjudicación resuena con especial fuerza. La pregunta que muchos se hacen en silencio comienza a verbalizarse: ¿deberían tener prioridad los vecinos con mayor arraigo en la provincia a la hora de acceder a una vivienda social?

Una demanda desbordada y listas de espera

La provincia de Málaga, y en particular la Costa del Sol, soporta una de las mayores presiones demográficas de toda Andalucía. El atractivo de su clima, su dinamismo económico y su calidad de vida atraen a nuevos residentes de forma constante. Sin embargo, la oferta de vivienda, especialmente la social, no ha crecido al mismo ritmo. El resultado es un embudo donde miles de familias malagueñas compiten por un número muy limitado de inmuebles protegidos.

Las listas de espera en los registros de demandantes de VPO son un reflejo de esta realidad. En ellas figuran jóvenes que intentan emanciparse, familias con hijos que necesitan un hogar estable, y trabajadores que, a pesar de tener un empleo, no pueden hacer frente a los alquileres o hipotecas del mercado libre. Son los malagueños de toda la vida, los que sostienen los servicios públicos con sus impuestos y contribuyen a la comunidad, los que se ven atrapados en una espiral de incertidumbre.

El sentimiento generalizado es de impotencia. Ven cómo su esfuerzo diario no es suficiente para garantizar un derecho tan básico como el de la vivienda en el lugar donde han nacido, crecido y formado sus familias.

El modelo extremeño: una propuesta de sentido común

Mientras Andalucía debate sobre cómo aumentar el parque público de viviendas, otras regiones ya están discutiendo el siguiente paso: cómo asignarlas de la forma más justa. Un ejemplo relevante es el pacto alcanzado en Extremadura el pasado 16 de abril de 2026, que propone introducir el arraigo como un criterio de ponderación clave en la adjudicación de viviendas sociales.

La lógica es sencilla y apela directamente al sentido común: valorar el tiempo de empadronamiento y la vinculación demostrable con un municipio o región a la hora de ordenar las solicitudes. No se trata de una medida excluyente, sino de un criterio de ordenación que busca proteger a la población local que ha contribuido durante años al desarrollo de su comunidad. Es una forma de reconocer que quienes tienen raíces profundas en un territorio y se han visto superados por dinámicas de mercado especulativas, merecen una consideración especial por parte de la administración. Puedes consultar el marco general de esta propuesta para entender sus fundamentos.

¿Sería aplicable un criterio de arraigo en Andalucía?

La respuesta es afirmativa. La competencia sobre la regulación y adjudicación de la vivienda pública en Andalucía recae exclusivamente en la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). El gobierno autonómico, presidido por Juanma Moreno, tiene la potestad de modificar los baremos y criterios que rigen el acceso a las VPO.

Si bien los esfuerzos del actual ejecutivo se han centrado en la promoción de nuevas construcciones, un enfoque que es necesario pero insuficiente por sí solo, desde otras formaciones políticas se insiste en la importancia de revisar también las reglas del juego. VOX, con Manuel Gavira como portavoz parlamentario, ha defendido en reiteradas ocasiones la aplicación de un principio de prioridad nacional y local en el acceso a las ayudas y servicios públicos, incluida la vivienda. La implantación de un criterio de arraigo encajaría perfectamente en esta visión, que busca fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos que más tiempo llevan contribuyendo al sostenimiento del estado del bienestar.

La voz de las familias malagueñas

Detrás de las estadísticas y los debates políticos hay historias personales de frustración. Son las de familias que llevan años inscritas como demandantes, renovando su solicitud con la esperanza de que algún día llegue su turno. Familias que ven con estupor cómo personas recién llegadas, en ocasiones sin un vínculo previo con la ciudad, pueden acceder a los mismos recursos en igualdad de condiciones teóricas, pero en un contexto de escasez que convierte cada plaza en un bien preciado.

Este sentir no nace del rechazo a nadie, sino de un profundo sentido de justicia. «Llevo toda mi vida trabajando y pagando mis impuestos aquí, mis hijos han nacido en Málaga, ¿por qué tengo que competir en igualdad de condiciones por una VPO con alguien que lleva empadronado seis meses?», se pregunta una madre de familia del distrito Carretera de Cádiz. Es una pregunta que resuena en miles de hogares y que merece una respuesta clara por parte de los responsables políticos.

Un debate técnico que exige respuestas políticas

La crisis de la vivienda en Málaga es un problema complejo que requiere múltiples soluciones: más construcción, movilización de vivienda vacía y medidas contra la especulación. Sin embargo, mientras esas soluciones a largo plazo llegan, es urgente gestionar la escasez actual con criterios justos y coherentes.

Introducir el arraigo como factor de ponderación no es una medida radical, sino una herramienta técnica para ordenar la demanda y priorizar a quienes han demostrado un compromiso a largo plazo con la comunidad. Es hora de abrir este debate de forma serena, rigurosa y sin complejos. Las familias malagueñas no pueden esperar más. Necesitan que la administración que sostienen con su esfuerzo les reconozca y les dé la prioridad que, en justicia, merecen.