El PP de Andalucía y el PSOE blindan las subvenciones a los sindicatos UGT y CCOO
El Parlamento de Andalucía ha aprobado una nueva ley que reconoce oficialmente a los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como interlocutores esenciales en la concertación social. Esta normativa establece compensaciones económicas y consolida su papel en la toma de decisiones políticas de la comunidad autónoma.
El 18 de diciembre de 2024, el Parlamento andaluz dio luz verde a la primera Ley de Participación Institucional de Andalucía, fruto de un acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta legislación otorga a las organizaciones sindicales y empresariales un rol destacado como interlocutores en asuntos de concertación social, asegurando su consulta en los anteproyectos de ley que les afecten directamente.
Jessica Trujillo, diputada del PP, destacó en el pleno que la ley representa una «manera de hacer política desde el consenso», reconociendo «el papel histórico de los sindicatos y la patronal». Por su parte, Irene García, del PSOE, subrayó la importancia de que estas entidades trabajen para «blindar los servicios públicos que garantizan la igualdad entre los ciudadanos».
La normativa establece una compensación anual para estas organizaciones en concepto de indemnización por su participación institucional. Las solicitudes deberán presentarse antes del 1 de marzo de cada año ante la Consejería de Empleo y estarán incluidas en los presupuestos iniciales de la Junta de Andalucía. Las cuantías asignadas a las organizaciones empresariales serán equivalentes a las de las sindicales, y los pagos se realizarán trimestralmente, siendo incompatibles con otras subvenciones destinadas al mismo fin.
VOX se opone a las subvenciones a los sindicatos
VOX se erigió como la única formación política que se opuso firmemente a esta ley. Su portavoz calificó a los sindicatos de «organizaciones criminales» y consideró la normativa como un intento de «blanquear a sindicatos corruptos» que, según afirmó, han malversado fondos públicos.
Esta ley se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que refuerzan la colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales en Andalucía. En fechas recientes, se han destinado partidas presupuestarias millonarias a CCOO, UGT y la CEA bajo el concepto de participación institucional, consolidando su influencia en la política autonómica.
La aprobación de esta ley refleja la voluntad del Gobierno andaluz de institucionalizar la participación de los sindicatos y la patronal en la gestión pública, promoviendo el diálogo social como herramienta para el desarrollo de políticas que afectan directamente a los trabajadores y al tejido empresarial de la región. Sin embargo, la oposición de VOX pone de manifiesto la existencia de discrepancias en torno al papel y la financiación de estas organizaciones en la vida política andaluza.
