El Caso Mascarillas acorrala a Montero: un funcionario declara que recibió «órdenes» de su gabinete para favorecer a la trama

El círculo judicial y político se estrecha peligrosamente en torno a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. La investigación del Caso Mascarillas ha dado un giro que salpica directamente a su equipo más cercano durante su etapa como ministra de Hacienda. La declaración de un funcionario clave ante el Tribunal Supremo ha revelado que existieron «órdenes» directas desde el gabinete de Montero para interceder en favor de una de las empresas de Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama.

Este nuevo testimonio pone en jaque la versión oficial mantenida hasta ahora por la dirigente del PSOE y ensombrece el inicio de su carrera por la presidencia de Andalucía, un territorio que aún recuerda los estragos de la corrupción socialista.

El testimonio que desmiente a la candidata socialista

La pieza clave de este nuevo escándalo es la declaración de Ignacio Granada, funcionario del Ministerio de Hacienda. Ante el juez, Granada ha afirmado con rotundidad que Carlos Moreno, entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero, le dio la “orden” de trasladar a la Agencia Tributaria una solicitud de una empresa de Víctor de Aldama. El objetivo era claro: intentar paralizar o aplazar un embargo que pesaba sobre la sociedad.

Esta afirmación choca frontalmente con la versión que la propia Montero ofreció durante la fase de instrucción. En aquel momento, la candidata socialista aseguró que el asunto simplemente se había remitido al funcionario para que este, bajo su propio criterio, decidiera cómo proceder. Sin embargo, Granada ha dejado claro que no actuó por iniciativa propia, sino cumpliendo una instrucción directa de un superior jerárquico, la mano derecha de la ministra.

La sombra de la corrupción en plena campaña electoral andaluza

Esta revelación no podría llegar en un peor momento para las aspiraciones del PSOE en Andalucía. Con las elecciones autonómicas en el horizonte, Montero intenta proyectar una imagen de alternativa solvente frente al gobierno de Juanma Moreno. Sin embargo, este testimonio la sitúa en el epicentro de una trama de presunta corrupción que afecta al corazón del Gobierno de Pedro Sánchez.

El testimonio de Granada, además, da una nueva dimensión a las acusaciones previas del propio Aldama, quien sostuvo haber pagado 25.000 euros a Carlos Moreno por esa misma gestión. Aunque el funcionario no ha podido confirmar la existencia de dicho pago, su declaración sí confirma que la gestión se realizó y que partió del núcleo de confianza de la entonces ministra. La defensa de Montero, que llegó a «poner la mano en el fuego» por su jefe de gabinete, queda ahora gravemente comprometida.

VOX exige responsabilidades políticas

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde VOX Andalucía, su portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira, ha exigido explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades. Para Gavira, «este caso demuestra, una vez más, el ‘modus operandi’ del socialismo, que utiliza las instituciones no para servir a los ciudadanos, sino para favorecer a sus amigos». El portavoz ha insistido en que «Andalucía no puede permitirse volver a ser gobernada por quienes tienen una mochila cargada de sospechas de corrupción».

El avance de la investigación judicial supone un golpe directo a la línea de flotación de la candidatura de Montero. El Caso Mascarillas deja de ser un problema ajeno para convertirse en una crisis que afecta a su gestión directa, poniendo en duda su credibilidad y su capacidad para liderar un gobierno transparente en Andalucía.