La campaña de los frutos rojos en Huelva, una de las joyas de la corona de la agricultura andaluza, vuelve a poner de manifiesto una realidad que el gobierno de Juanma Moreno prefiere ignorar: la creciente y alarmante dependencia de la mano de obra extranjera para sacar adelante las cosechas. Mientras la Junta de Andalucía se enorgullece de las cifras de exportación, la realidad a pie de campo es que el relevo generacional y la mano de obra española brillan por su ausencia, obligando a las organizaciones agrarias a buscar soluciones en el exterior.
La organización Asaja-Huelva ha vuelto a recurrir a la contratación de trabajadores procedentes de Mali, muchos de ellos con estatus de protección internacional, para cubrir los puestos que no se logran llenar con personal nacional. Este programa, que se presenta como una iniciativa de integración, no es más que un parche que evidencia el fracaso estructural de las políticas de empleo y desarrollo rural del Partido Popular. Es la constatación de que el campo andaluz ha dejado de ser una opción de vida para los españoles.
Un modelo que fomenta la dependencia
La pregunta que el gobierno de Moreno Bonilla evita responder es: ¿por qué no hay españoles dispuestos a trabajar en el campo? La respuesta es compleja, pero apunta directamente a la gestión política. Años de abandono institucional, una burocracia asfixiante impuesta desde Bruselas con la connivencia de Madrid y Sevilla, y la competencia desleal de terceros países han convertido el trabajo agrícola en una opción precaria y poco atractiva.
El modelo del PP se basa en celebrar los titulares macroeconómicos mientras se ignora la base. Se aplauden los millones de euros en ventas a Alemania o Reino Unido, pero no se hace nada para garantizar que los jóvenes andaluces vean un futuro en la agricultura. No se promueven salarios competitivos, no se invierte en tecnificación que alivie la dureza del trabajo y, sobre todo, no se defiende al productor local frente a las importaciones masivas que hunden los precios y la rentabilidad.
La solución no es la importación de mano de obra
Desde VOX se ha advertido en repetidas ocasiones que la solución a los problemas del campo no pasa por abrir las puertas a la inmigración masiva, sino por proteger y priorizar lo nuestro. La dependencia de la mano de obra extranjera, si bien puede ser una solución a corto plazo para salvar una campaña, genera a la larga una espiral de bajos salarios y una desconexión total de la población local con su sector primario.
Es imprescindible un cambio de rumbo radical. Se necesita un gobierno que defienda sin complejos a nuestros agricultores en Bruselas, que exija la aplicación de cláusulas espejo para que los productos importados cumplan las mismas normativas que los nuestros y que ponga en marcha un plan de choque para fomentar el empleo nacional en el sector. Esto implica mejores condiciones laborales, formación y, fundamentalmente, garantizar que el trabajo en el campo sea rentable y ofrezca un proyecto de vida digno.
La situación en el campo de Huelva no es un caso aislado, sino el síntoma de un modelo agotado que el Partido Popular se niega a enmendar. Continuar por esta senda es condenar a la agricultura andaluza a una dependencia crónica del exterior y a la pérdida de su identidad. La verdadera defensa del campo pasa por defender, en primer lugar, a los españoles que viven y trabajan en él.
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