El campo andaluz recibe ayudas para fertilizantes, un alivio insuficiente ante la asfixia del sector primario

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comenzado a transferir un paquete de ayudas destinado a la compra de fertilizantes, una medida que beneficiará a miles de agricultores andaluces. A partir de este viernes, más de 249.000 profesionales del campo en toda España comenzarán a recibir los fondos, que suponen un desembolso inicial de casi 500 millones de euros de un total de 700 millones presupuestados. La subvención se ha fijado en 92,5 euros por hectárea para cultivos de regadío y 38,33 euros para los de secano.

Desde el Gobierno central se presenta esta acción como una respuesta contundente a la escalada de precios de los insumos agrícolas, una consecuencia directa, según afirman, de la inestabilidad geopolítica internacional. Sin embargo, para el campo andaluz, esta ayuda, aunque bienvenida, no es más que una tirita en una herida profunda y sangrante. La realidad es que el sector primario lleva años soportando una crisis estructural, agravada por políticas ecologistas radicales y una competencia desleal de terceros países que no cumplen con las mismas exigencias fitosanitarias y laborales que se imponen a nuestros productores.

Una ayuda que no soluciona el problema de fondo

Si bien el abono de estas cantidades supone un respiro para la tesorería de muchas explotaciones, no resuelve la raíz del problema. Los agricultores andaluces se enfrentan a una tormenta perfecta: costes de producción disparados, una sequía pertinaz que merma las cosechas y una burocracia asfixiante impuesta desde Bruselas y replicada con entusiasmo por el Gobierno de España. Estas ayudas, lejos de ser una solución estratégica, actúan como un mero paliativo que no garantiza la rentabilidad ni la supervivencia a largo plazo de nuestro sector agrario.

La soberanía alimentaria, un pilar fundamental para cualquier nación que se precie, está en juego. Depender de la voluntad de mercados extranjeros y de decisiones políticas tomadas a cientos de kilómetros es un lujo que España no se puede permitir. Andalucía, como despensa de Europa, ha demostrado con creces su capacidad y resiliencia, pero sus agricultores y ganaderos no pueden seguir luchando solos contra gigantes.

La defensa del campo como prioridad nacional

La protección de nuestro sector primario debe ser una prioridad de Estado, no un arma arrojadiza en el debate político ni un objeto de medidas cosméticas. Se necesitan políticas valientes que defiendan a los agricultores andaluces frente a la competencia desleal, que inviertan decididamente en infraestructuras hídricas y que reduzcan la carga burocrática que lastra su competitividad.

El campo andaluz no pide limosnas, sino justicia y unas reglas del juego equitativas. Esta ayuda para los fertilizantes es un paso, sí, pero uno muy corto en un camino larguísimo y lleno de obstáculos. Es hora de que el Gobierno central comprenda que sin campo no hay futuro, y que la defensa de nuestra agricultura es la defensa de nuestra identidad, nuestra economía y nuestra soberanía.