Andalucía invierte 37 millones en la acogida de menores migrantes mientras mantiene su pulso con el Gobierno central

La Junta de Andalucía ha dado luz verde a un importante contrato para reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados bajo su tutela. El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 36,95 millones de euros para la contratación de 440 plazas de acogimiento residencial, una medida que busca dar respuesta a la continua llegada de jóvenes a las costas andaluzas y que se enmarca en un contexto de tensión competencial con el Gobierno central.

Este contrato, con una duración inicial de dos años y prorrogable por otros dos, podría alcanzar un valor total de más de 70 millones de euros. El objetivo del ejecutivo andaluz, según la documentación oficial, es no solo cubrir esta necesidad inmediata, sino ampliar la red de acogida hasta un total de 690 plazas a medio plazo.

Un nuevo modelo ante rutas migratorias cambiantes

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad justifica la externalización de este servicio argumentando que la administración «no dispone de los medios humanos y materiales necesarios» para asumir directamente esta labor. Este nuevo contrato sustituye a los licitados en 2021, que sumaban 645 plazas.

La distribución de las nuevas 440 plazas revela un análisis estratégico de los flujos migratorios. Las provincias de Granada, con 128 plazas, y Cádiz, con 112, concentrarán la mitad de los recursos. Sin embargo, la Junta destaca un cambio en las rutas, que ya no se centran exclusivamente en el Estrecho, sino que se han desplazado también hacia las costas de Almería y Málaga. Además, se reconoce a Sevilla como un punto clave de llegada, lo que justifica la necesidad de crear centros de primera acogida en todas estas provincias.

Del total de plazas, la mayoría (280) se destinarán a programas de inserción sociolaboral, mientras que las 160 restantes serán para la recepción y primera acogida de los menores.

El trasfondo: un pulso legal con el Estado

Esta inversión autonómica no puede entenderse sin tener en cuenta el conflicto abierto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. El pasado mes de junio, el gobierno andaluz interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, la normativa estatal que regula el reparto de menores migrantes no acompañados desde territorios con alta presión migratoria, como Canarias, hacia el resto de comunidades autónomas.

El ejecutivo andaluz critica duramente este decreto, alegando que los «criterios de reparto no son equitativos» y que el Estado se extralimita en sus competencias. Según la Junta, la norma permite a la Administración central decidir unilateralmente el traslado de los menores si no hay unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia, invadiendo así las competencias autonómicas en materia de protección de menores.

Además, el gobierno regional denuncia una «insuficiencia financiera» en los fondos previstos por el Estado para sufragar este sobreesfuerzo y acusa a la norma de vulnerar los principios de autonomía, solidaridad y prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Así, mientras Andalucía refuerza con fondos propios su sistema de acogida para gestionar la realidad migratoria en su territorio, mantiene al mismo tiempo una batalla legal para oponerse al modelo de solidaridad interterritorial impuesto por el Gobierno central, dibujando un complejo escenario en la gestión de uno de los mayores desafíos humanitarios de la actualidad.